Ricard Gomà: «Estado del bienestar: cambio de prioridades y soberanía»

Para que Catalunya pueda forjar un modelo de solidaridad colectiva avanzado, hacen falta medidas afianzadas en valores de justicia social y soberanía plena concretada en un Estado propio.

Ricard Gomà, profesor de Ciencia Política de la UAB

El estado del bienestar es una de las dimensiones clave que configuran la sociedad, también en Catalunya. El modelo de bienestar es el espacio de articulación institucional de los derechos sociales. Se hace tangible por medio de políticas que inciden en la distribución de la renta, la calidad de los trabajos, el acceso a los mecanismos básicos de desarrollo humano (educación, salud, autonomía, vivienda…), la garantía de ingresos, la cobertura de las necesidades básicas o la atención a situaciones de vulnerabilidad. Cada estado del bienestar expresa, por una parte, contextos sociales: las políticas se transforman cuando lo hacen las condiciones estructurales (bases demográficas, tipos de hogares, migraciones, cambio tecnológico…) y cuando lo hacen los ciclos económicos (burbujas inmobiliarias, crisis financieras, caídas de actividad y ocupación…). Pero los modelos de bienestar son también, por otra parte, la expresión de variables políticas: valores y prioridades de las mayorías parlamentarias y de gobierno; niveles de soberanía y capacidad colectiva de decisión; articulación del conflicto por parte de movimientos sociales. Hoy, en Catalunya, el estado del bienestar se encuentra inmerso en un escenario de cambio de época; debe hacer frente, también, a los duros impactos sociales de la crisis; evidencia una lógica neoliberal, y está falto de los grados de soberanía necesarios. Dejando ahora de lado los aspectos de carácter más estructural, nuestro estado del bienestar, con tal de variar sustancialmente, debería adoptar una doble dinámica de cambio: hacia diversos valores y prioridades, y hacia la plena soberanía.

Valores y prioridades diversos. En uno de los momentos más duros de la crisis (2011), Catalunya restringió el acceso a la renta mínima de inserción y dejó desprotegidas a miles de familias con alta vulnerabilidad. Hasta el día de hoy no ha desplegado todavía el artículo 24.3 del Estatut, que confiere el derecho a una renta garantizada de ciudadanía. El resultado es muy claro: en este ámbito, Catalunya se sitúa por debajo de la media de protección de las comunidades autónomas del Estado. En el campo educativo, ha dejado de existir una política pública de soporte a la educación infantil de 0 a 3 años, mientras se mantiene intacta la financiación pública a la elitista escuela privada que segrega por sexo. Las políticas de vivienda están lejos de dar una respuesta a la emergencia residencial, y Catalunya no se ha dotado de una política propia de regulación de los alquileres orientada a frenar la burbuja de los precios. Y todo eso sucede cuando nuestro país se sitúa muy por debajo de la media europea en ingreso fiscal, sin que se haya desarrollado una estrategia tendiente a reducir esta distancia con la activación de las competencias asumidas.

Necesidad de soberanía. Las limitaciones del estado de bienestar en Catalunya, citadas hasta ahora, son fruto de las decisiones adoptadas por los gobiernos. Se habrían podido superar, en el marco del Estado actual, con valores y prioridades distintos. De hecho, pueden superarse: no existe ningún obstáculo estructural, más allá de la voluntad de llevarlo a cabo. Pero existe una segunda dimensión, tan relevante como la anterior. Para adoptar un modelo avanzado de bienestar, con capacidad para responder a los retos de justicia social en pleno siglo XXI, Catalunya tiene que ser soberana, tiene que dejar atrás las dependencias que atenazan las decisiones sobre los principales ámbitos de política social. Podemos también considerar algunos ejemplos. El objetivo de la ocupación de calidad supone capacidad de regulación de todos los vectores del mercado de trabajo, hoy inexistente en Catalunya; el objetivo de una sociedad cohesionada implica poder construir un sistema propio de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, sin ninguna clase de subordinación. El derecho humano de acceso universal a la sanidad en Catalunya no debería de ser vulnerado por decisiones del Estado. La financiación de las políticas sociales, finalmente, requiere de instrumentos de soberanía fiscal sobre el conjunto de la riqueza generada, compatible con mecanismos de redistribución territorial.

En síntesis, para que Catalunya pueda forjar un modelo de solidaridad colectiva avanzado, cercano a los países europeos de referencia, hace falta un doble giro: prioridades distintas arraigadas en valores de justicia social y plena soberanía concretada en un estado propio que disponga de todos los instrumentos necesarios para ampliar el horizonte de lo posible el día de hoy.