dijous, 23 de març del 2017

Saoka Kingolo: «Interés nacional también por los derechos humanos»

De la exitosa campaña en defensa de los refugiados podemos extraer que las necesidades de las personas son universales, como el derecho de las naciones a vivir en libertad

Saoka Kingolo, agente intercultural

En Cataluña se está hablando mucho de la crisis de los refugiados y de las respuestas que se esperan de las autoridades españolas y catalanas. El dinamismo de nuestra sociedad no nos permite quedarnos al margen, más bien es necesario aprovechar la ocasión y plantear a fondo nuestros compromisos en defensa de los derechos humanos y de las causas humanitarias.

Sabemos que España no tiene demasiada voluntad de acoger refugiados; se salta los acuerdos de la Unión Europea y condena a miles de personas y familias a situaciones de vulnerabilidad, expuestas al tráfico humano. Cataluña ha manifestado reiteradamente tanto su voluntad como su disposición de acoger con responsabilidad.

La plataforma de entidades Casa Nostra, Casa Vostra ('nuestra casa, vuestra casa') ha conseguido hacer oír la voz de los catalanes de puertas adentro y hacia afuera. Extraemos de este éxito social que las necesidades personales, cuando son de carácter universal, constituyen el fundamento de todas las luchas comunitarias, como la del derecho de una nación a vivir en libertad. De ello se desprende que los derechos colectivos comulgan naturalmente con los derechos individuales que se pueden defender indistintamente.

La correlación entre los derechos políticos de una nación y los derechos humanos es innegable, por mucho que el Estado español, por falta de voluntad política, no reconozca ni unos ni otros. Pero los derechos humanos, bien primario y colectivo por excelencia, emanan del resto de derechos de cualquier sociedad.

Quienes defendemos la independencia en Cataluña estamos convencidos que nuestros derechos individuales inducen nuestros derechos como pueblo; asumimos que luchar por nuestra libertad se justificará con liberaciones personales compartidas.

Partiendo de la premisa según la cual las leyes no se pueden situar por encima de la voluntad democrática del pueblo, del mismo modo, la democracia no puede ser incompatible con uno de los valores más preciados para toda persona: el derecho a la vida digna.

Para una sociedad plural como Cataluña, la vida digna de sus integrantes representa el mínimo común denominador de los esfuerzos de construcción nacional; y para la noble tarea de tejer una sociedad justa, solidaria, moderna y próspera, prevalecen el deber de defender el bien común y el derecho de socializar las necesidades.

El llamamiento a todas las comunidades del país para participar en el reto vital y crucial de definir el futuro y la identidad nacional requiere del sentido de corresponsabilidad. Así, aunar las causas humanitarias y de solidaridad con el interés nacional equivale a asumir las necesidades ciudadanas sin exclusión.

Cataluña se encuentra en una encrucijada de caminos para decidir su personalidad jurídica, y la estructura estatal actual en fase de terminación impide garantizar las libertades colectivas. La clave radica en el criterio de democracia participativa, respetando los derechos individuales contemplados de forma unitaria, presupuesto para la exigencia de responsabilidades cívicas, sociales o políticas.

La manera más práctica de considerar los derechos individuales de forma unitaria es contemplar el interés nacional desde la perspectiva de los derechos humanos.

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